De acuerdo al portal de noticias Letra P, Se renueva el plan y Economía evalúa considerar la suba de costos. Tironeos por los porcentuales de ajuste los productos. El descongelamiento, hasta un 9%.
El Gobierno comenzará desde la semana próxima a negociar con las alimenticias los aumentos programados para los nuevos precios congelados con el que pretende domar la inflación y alcanzar la meta del 3% mensual para 2023. Fuentes de las empresas que integran la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), consultadas por Letra P, estimaron que los productos que ya no estarán dentro de Precios Justos tendrán permitidos aumentos que oscilarán entre el 7% y el 9%; mientras que aquellos que ingresarán en el programa antiinflacionario solo podrán mover sus márgenes de remarcaciones en el orden del 2,7%. La diferencia de liberación de precios responde a que los primeros se mantuvieron congelados desde el inicio del plan y los segundos, los no regulados, tuvieron permiso para ajustar hasta un 4%.
Las empresas alimenticias asistirán al cónclave con reclamos de remarcaciones ante los incrementos de los costos mayoristas, que no están en el control oficial y que en diciembre superaron el nivel del Índice de Precios Consumidor (IPC) minorista, pero los números se moverán en márgenes segmentados para los productos que ingresan y para los que salen del programa. Con esta idea, Sergio Massa pretende reencauzar el diálogo con el sector privado, luego de los cruces por la participación del gremio de Camioneros en el control de abastecimiento.
Las reuniones técnicas se realizarán en la Secretaría de Comercio de Matías Tombolini, quien tiene en sus manos la responsabilidad de ablandar las negociaciones para llegar en paz a la foto con Massa. El anuncio de la recompra de bonos de la deuda externa que realizó el ministro de Economía este miércoles por la mañana calmó los ánimos alterados del mundo empresario, que comenzaba a mostrar preocupaciones por el impacto en los costos de los insumos para la producción y la necesidad de trasladar a precios de góndola la inflación de las empresas.
«Los mayoristas no están en el programa y los costos de la industria aumentan al ritmo de la inflación», se quejó el directivo de una empresa alimenticia que participa de Precios Justos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mostró que los mayoristas subieron 94,8% en 2022, igual que los minoristas; pero el nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 6,1% en diciembre de 2022 respecto de noviembre, un punto por encima de los minoristas. Esta variación es consecuencia de la suba de 6% en los llamados «productos nacionales» y de 8% en importados.
Para las industrias, el movimiento de precios es «día a día» y, además de tener en cuenta la inflación propia, quieren poner sobre la mesa los mayores costos generados por las trabas que provocó el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) al complicar más el acceso al dólar. «No se trata solo de los dólares propios que algunas empresas utilizaron para liberar importaciones ante la posibilidad de parar la producción y no poder responder a los compromisos, sino que también se produjo una suerte de default de la deuda con proveedores internacionales, a los que no se les pudo pagar por falta de dólares para girar al exterior», se quejó el dueño de una fábrica que reporta en la Unión Industrial Argentina (UIA).
El ánimo de confrontación de los industriales, sin embargo, decayó con fuerza en los últimos días. De no tener un conflicto que los afecte de manera directa, quedarían al margen de los debates, como sucedió con la intervención del gremio de camioneros conducido por Hugo Moyano y Pablo Moyano. Hasta el momento, no será parte de la agenda de la entidad fabril, que está casi paralizada por la ausencia de empresarios y, especialmente, porque el diálogo interno está orientado a la sucesión presidencial de la UIA.
En el Gobierno anticiparon que los mayores costos de la producción estarán contemplados en los márgenes de aumentos. «Se van a evaluar varias variables, pero siempre tenemos en cuenta que no funciona ningún acuerdo de precios si la macro no tiene un orden fiscal y una acumulación de reservas en el Banco Central. En la medida de que eso se siga sosteniendo, y tengamos una tasa de interés que esté por arriba de la inflación, estarán dadas las condiciones para sostener la continuidad de los acuerdos», admitió una fuente de la Secretaría de Comercio.
En el rubro de consumo masivo de Precios Justos participan 128 empresas de distintos envergadura, según precisaron en el área que conduce Tombolini. La primera etapa del programa antiinflacionario concluye en febrero; por lo que el ritmo de negociaciones se acelerará en los próximos días con el objetivo de mostrar previsión y una sensación de control de la situación. «Estamos trabajando sobre la propuesta de cuáles serían los productos con precios fijos y cuál sería el sendero del resto, que en la actualidad es del 4% mensual. Por eso se va a escuchar a las empresas y proponer modificaciones, ajustes, cambios y rotación de productos», confirmaron voceros de Comercio.
