La Corte avaló el control estatal en la producción de medicamentos derivados del cultivo de cannabis. Para el Tribunal, la cuestión del cannabis medicinal “debe abordarse en el marco del derecho a la salud y no en el plano de la intimidad”.
La Corte Suprema resolvió que el autocultivo de cannabis con fines medicinales es legal, pero ordenó que sea controlado, por sus efectos, por el Estado nacional.
El máximo tribunal rechazó los planteos de inconstitucionalidad presentados por la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) contra las normas que establecían controles para el aceite de cannabis como medicamento para niños con problemas neurológicos o psiquiátricos.
“La pretensión de decidir sin ninguna clase de intervención estatal sobre el tratamiento con cannabis autocultivado con fines medicinales para sus hijos menores tampoco encuentra justificación”, resumió el fallo.
La Corte subrayó que está “despenalizado el cultivo de cannabis con fines medicinales por parte de las madres de los menores”, pero destacó que “el registro existente para ello es un control estatal razonable”.
Para el tribunal, la cuestión del cannabis medicinal “debe abordarse en el marco del derecho a la salud y no en el plano de la intimidad”.
Macame sostenía que el autocultivo “es una acción privada” que debería quedar exenta de toda autorización estatal y de todo castigo penal.
La Corte señaló que el artículo 19 de la Constitución Nacional “reconoce al individuo un ámbito en el cual puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin intervención alguna por parte del Estado o de los particulares”.
Pero lo supeditó a que “esas decisiones no violen el orden, la moral pública o los derechos de terceros”.
“El objetivo de estas normas es evitar el uso indebido de medicamentos, así como determinar la peligrosidad de estos, su comprobada y comprobable acción y finalidades terapéuticas y sus ventajas científicas, técnicas o económicas, de acuerdo con los adelantos científicos”, resumió el fallo.
“Las razones de salud y seguridad públicas involucradas resultan suficientes para justificar que el Estado expida autorizaciones administrativas para el autocultivo y la elaboración de productos derivados del cannabis con fines medicinales”, sostuvo el fallo.
“Ello determina, a su vez, que la intervención del Estado en esta área no implica una interferencia injustificada en la autonomía personal”, añadió.
La reglamentación que habilita la intervención del Estado como control y regulación de la producción del aceite “tiende a preservar un interés estatal relevante como el cuidado integral de la salud pública, basándose en que el suministro del cannabis y sus derivados puede originar efectos secundarios o adversos de distinta intensidad”.
“Dichas medidas de control estatal constituyen una injerencia mínima que, lejos de proscribir el autocultivo con fines medicinales, lo someten a una regulación que se limita a asegurar cierta supervisión por parte del Estado, registrar el consentimiento del paciente y garantizar la intervención médica indispensable”, resumió el fallo.
