La regulación de la industrialización dará un nuevo impulso a las investigaciones sobre las propiedades de la planta
La ley que regula la industrialización del cannabis, promulgada por el Poder Ejecutivo esta semana, dará un nuevo impulso a las investigaciones, tanto en curso como nuevas, las cuales se sumarán a los 29 estudios sobre las propiedades de la planta y sus derivados que ya fueron aprobados por el Estado en el marco de una norma anterior, que data de 2017.
«La reciente Ley N° 27.669 (denominada Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial) no reemplaza a la anterior (N° 27.350), sino que la complementa», explicó la bióloga Carla Arizio, coordinadora del Área de Recursos Fitogenéticos del Instituto de Recursos Biológicos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), ante Télam.
«De hecho -continuó- en la nueva ley dice expresamente que quedan excluidos del presente marco regulatorio los cultivos y proyectos previstos y autorizados en el marco de la Ley N° 27.350. Esto quiere decir que los proyectos que ya fueron autorizados se van a regir por la normativa por la cual fueron aprobados».
Dicho de otro modo, mientras que la Ley Nº 27.350 focaliza en la investigación de la planta y sus productos derivados, la norma Nº 27.669 -promulgada esta semana- busca fortalecer y regular la industria que será generada a partir del uso medicinal.
Pero la nueva ley no llega a un terreno desierto: existen al menos 29 proyectos de investigación formalizados en el Ministerio de Salud que focalizan principalmente en estudios sobre la planta, 14 de los cuales se llevan a cabo en convenio con el INTA, el único organismo que estaba autorizado en la Ley N° 27.350.
«Además de los que trabajamos desde el INTA hay otros proyectos conducidos por universidades, provincias, municipios y empresas privadas que fueron pudieron incluirse a partir del Decreto Reglamentario Nº 883, de 2020, que habilitaba a otros actores para investigar en cannabis medicinal», indicó a Télam.
Aricio, quien es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora por la UBA, recordó que ese decreto establece que «aquellos proyectos de investigación que no involucren la producción de fitopreparados o análisis de ensayos clínicos pueden llevarse a cabo en organismos de ciencia y técnica, siguiendo reglamentaciones internas».
Además, mencionó que el INTA tiene convenios para realizar proyectos diversos con municipios como Bariloche; provincias como Jujuy; organizaciones como Cannabis Medicial Origen San Juan (Canme), en San Juan, así como convenios con ONGs como Cannabis Medicinal Argentina (Cameda).
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