Prepagas y clínicas dicen que por «inflación más devaluación» quedaron en «terapia intensiva»
Afirman que la suba del dólar post PASO hizo inviable a la actividad y reclaman una Agencia de Evaluación de Tecnologías que dé prioridades a coberturas
Los empresarios del sector de la salud privada advirtieron el jueves sobre la crisis que se vive hoy en prepagas y clínicas. Aseguraron que la fuerte suba del dólar después de las elecciones promarias (PASO) y el constante aumento de precios dejaron a la actividad «en terapia intensiva».
Allí Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra ) y vicepresidente de la Confederación Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), alertó: «El escenario post PASO nos dejó una situación incendiada, nos pegó el tiro de gracia».
Y explicó que el combo de «inflación más devaluación» que provoca que la «actividad sea inviable».
Desde 2011 hasta la fecha la cobertura médica aumentó 840 por ciento, de acuerdo a los datos aportados por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), al diario Clarín.
Pero marcó como contrapartida que en el mismo período los sueldos crecieron 900 por ciento, el costo de vida 1.025, el dólar 1.250 y el costo de salud 1.300.
«La cuota para empatar el costo de vida de 2018 tendría que aumentar el 50 por ciento. Nadie lo va a aprobar y no hay nadie que lo pague», se sinceró el directivo de ACAMI.
Para compensar esa situación pidió medidas para trabajar en la «contención de costos, en la reducción de impuestos y en protocolizar el sistema de atención médica para que haya gastos innecesarios», en especial con la llamada medicina «defensiva».
«Es imposible ante este salto, este desajuste económico que se produjo, que puedan seguir trabajando con normalidad. Mi principal preocupación, en estos meses, es seguir dando prestaciones», admitió Sergio Cassinotti, director del PAMI. «Cuando juntamos envejecimiento y financiamiento el cóctel se torna explosivo. Y van a seguir aumentando los costos de la salud», advirtió.
El director general de OSDE, Luis Fontana, sumó entre los problemas un «efecto cascada», con parte de la población pasándose a «planes bajos» que generan una menor contribución de dinero, pero que no permiten reducir la inversión de los prestadores en discapacidad, imágenes y medicamentos, pilares en la atención de los pacientes.
«Los costos son inmanejables y la solución fácil de seguir aumentando la cuota es un remedio que está agotado. A la gente no se la puede seguir castigando», indicó. Los disertantes se quejaron del descontrol que existe en el uso de los medicamentos de alto costo. «Es imperioso que el Gobierno se involucre con ese tema», planteó el director de OSDE.
«Un tratamiento de cáncer diseminado está entre 300 y 500 mil pesos. Es imposible que con los recursos financieros que tenemos se puedan comprar, sin un tamiz de adecuada selección y priorización, estos elementos», se quejó Roberto Villavicencio, director del Grupo Oroño. «El Estado tiene que asumir la compra centralizada de los medicamentos de alto costo, que ingresan con costos altísimos», indicó Fontana.
Y visibilizó nuevamente un tema de debate de la jornada: la necesidad de crear la Agencia de Evaluación de Tecnologías, que permita entre otras medidas controlar «a qué enfermedad y en qué estadío se debe indicar cada medicamento», pero también la conveniencia de evaluar la conveniencia de estudios, procedimientos clínicos y quirúrgicos.
«De esto se sale con ajustes en la calidad. Y tiene que ver con despidos del persona, baja en la calidad de las drogas y de todos los insumos y también obviamente vamos a tener la tentación de bajar la calidad y el límite ético es no deteriorar la calidad médica», explicó Cherro.
Detrás de ese panel disertó uno de los jefes de la CGT, Héctor Daer, que advirtió que la crisis del sector no se resuelve «ni mal atendiendo ni cerrando clínicas ni rajando compañeros».
Les pidió a todos que tengan paciencia, alentado por un hipotético triunfo de Alberto Fernández. «Vamos a poder tener una mesa donde todos podamos opinar y ver cuál es el camino de salida no sólo de nuestro sector sino del país», prometió el sindicalista aprovechando el auditorio para colar algo de la campaña presidencial.
Otro de los temas que se trataron en el Congreso fue la incorporación de nuevos fármacos y tratamientos debe hacerse sobre «evidencia científica, como ocurre en otros países de la región y el mundo».
Esteban Lifschitz, director de la Carrera de Médico Especialista en Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Facultad de Medicina de la UBA, sostuvo que «la discusión no es cómo juntar la plata para cubrir las grandes mejoras porque en muchos casos las grandes mejoras no son tales».
«Primero hay que discutir si vale la pena pagarlas. Hay drogas de impacto nulo. Deberíamos incorporar previamente un proceso de evaluación formal, dentro de una agencia de evaluación, que verifique cuán confiable es la evidencia que proporcionan», indicó.
Las entidades también reclamaron evaluar el impacto económico, por considerar que en la actualidad el «ingreso de nuevas tecnologías es irracional y acrítico».
«Si las nuevas tecnologías fueran mejores y más baratas o peores y más caras, no habría mucho para discutir. El problema es que en general son un poco mejores y bastante más caras», indicaron.
Explicaron que la mayoría de los países «establecen un umbral de costo efectividad. Esto es, hasta dónde están dispuestos a pagar cierto avance, porque la plata que se usa para una cosa deja de estar disponible para otra».
