Las bodegas quieren descongelar precios
La iniciativa es una en la lista de pedidos al gobierno nacional “para mantener la actividad del sector en un nivel mínimo y garantizar la continuidad de miles de empleos”. Las vinotecas.
Descongelar los precios de los vinos desde el 20 de abril y reabrir las vinotecas son los dos pedidos que la industria vitivinícola elevó al gobierno nacional, para sobrellevar la crisis derivada de la pandemia de COVID-19.
La solicitud de Bodegas de Argentina (que representa a más de 250 establecimientos del rubro) busca «mantener la actividad del sector en un nivel mínimo de subsistencia que garantice el no cierre de las empresas y la continuidad de los miles de puestos de trabajo».
En un comunicado, la entidad le pidió al Poder Ejecutivo que exceptúe del aislamiento a las aproximadamente 5000 vinotecas existentes en el país, pymes que «son un canal de suma importancia para las propias bodegas pyme, que no tienen la posibilidad de llegar a grandes cadenas de hipermercados, supermercados y otros distribuidores».
Otro de los reclamos importantes fue que se «revea el congelamiento de precios luego del 20 de abril próximo, fecha en la que vence el congelamiento resuelto por la resolución 100/2020, dando libertad a las bodegas para fijar precios libremente a los vinos embotellados».
«Proponemos que queden congelados los precios de los vinos de mesa, que hacen al 45% del total del vino comercializado en la Argentina, que son los mayoritariamente consumidos por la clase baja y media baja», ofrecieron.
Bodegas de Argentina pidió además que se levante la prohibición de venta de bebidas alcohólicas que establecieron cerca de 50 ciudades de 8 provincias, “porque las mismas incitan a la sociabilización en tiempos de aislamiento».
En cuanto a las exportaciones, Bodegas de Argentina se anticipó a las menores ventas por la crisis global, y le reclamó al gobierno nacional “la eliminación de las retenciones a los productos vitivinícolas que tengan valor agregado».
Asimismo, reclamó que el Gobierno decrete «la suspensión de la obligatoriedad de la contribución que pagan las bodegas a la Corporación Vitivinícola Argentina» y destinar esos recursos a «necesidades más urgentes, como preservar las fuentes de empleo y disponer de recursos para capital de trabajo».
