Albagli Zaliasnik (az), en colaboración con reconocidas firmas de la región, ha desarrollado una valiosa herramienta llamada «Guía Comparada sobre Anticorrupción». Este documento exhaustivo reúne información pertinente y actualizada sobre el estado de avance en la lucha contra la corrupción en diversos países, incluyendo Chile, México, Argentina, Centroamérica, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos y Colombia. Esta guía se convierte en un recurso indispensable para comprender y abordar de manera eficaz los desafíos relacionados con la corrupción en la región.
Según explicó Francisca Franzani, Directora de Compliance de Albagli Zaliasnik (az), “la guía es un insumo relevante para cumplir con las regulaciones, proteger la reputación de las compañías, mejorar la competitividad y reducir los riesgos asociados. Consideramos clave contar con información actualizada de distintas jurisdicciones. Esto se convierte en una ventaja competitiva que ponemos a disposición de la plataforma Compliance Latam”.
Albagli Zaliasnik realizó la guía en conjunto con diferentes firmas asociadas de la región: Basham, Beccar Varela, BLP, Bustamante Fabara, CPB Abogados, Ferrere, Miller & Chevalier y Posse Herrera Ruiz.
Respecto de los resultados por país, Francisca Franzani destacó que “hay una mejoría importante en el interés de la persecución de la corrupción en la región, dado los casos graves que han ocurrido en Latinoamérica. A nivel de países, todos están muy preocupados, sin perjuicio de que tengan diferentes legislaciones. Algunos tienen leyes marco, otros tienen muchas legislaciones y otros, sanciones penales y para las empresas. Sin embargo, aunque haya distintos tipos de legislación, al final todos tienen el mismo objetivo común que es perseguir la corrupción y que se sancione”.
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Información por país
La guía entrega detalles de las normativas existentes anticorrupción en cada país. A continuación, se entrega un resumen de la información de los países de Sudamérica.
Chile:
Si bien en Chile no existe una Ley Marco Anticorrupción como ocurre en otros países de Latinoamérica, existen una serie de normas que tienen por objeto la prevención, persecución y sanción de la corrupción. Dentro de estas podemos mencionar:
Tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción o la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE.
Leyes internas, como la Ley N°20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión de delitos, entre los que destaca el cohecho con funcionarios públicos nacionales o extranjeros y el lavado de activos, a su vez, la Ley N°21.121 la cual modifica la anterior incluyendo la responsabilidad penal por parte de las personas jurídicas por una serie de delitos, en orden a prevenir, detectar y perseguir la corrupción. Dentro de estos se incluyen: el soborno entre particulares, la negociación incompatible o la administración desleal; o la Ley N°19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero, cuyo objetivo es prevenir la utilización del sistema financiero para la comisión del delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Argentina:
Existen tres distintos niveles de normativa anticorrupción. En primer lugar, se encuentran los delitos previstos en el Código Penal Argentino y en el plano internacional ha firmado diferentes tratados sobre la materia, entre ellos la Convención Interamericana contra la Corrupción (IACAC), la Convención de las Naciones Unidas y la Convención de la OCDE contra el soborno trasnacional.
Así también, cuentan con la Ley N°27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas, la cual establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, por diferentes delitos. La importancia de esta ley es que las compañías pueden ser responsables penalmente y se ven obligadas a gestionar los riesgos de la actuación de otros individuos (empleados y/o terceros).
Ecuador:
Existen tipos penales específicos que tipifican y sancionan determinados actos de corrupción, recogidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que es la principal norma en materia penal. Adicionalmente, se ha promulgado la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, que complementa a los tipos penales que buscan sancionar los actos de corrupción.
Colombia:
Se han implementado varias leyes y regulaciones para combatir este problema.
Uruguay:
En Uruguay se regula como delito la corrupción en el ámbito público, no así la corrupción en el ámbito privado. En el ámbito público se penaliza la corrupción pública a través de diversos delitos incluidos en el Código Penal
Bolivia:
Existe normativa anticorrupción, la cual se encuentra establecida en: Ley N°1178 de Administración y Control Gubernamental; Ley N°2027 del Estatuto del Servidor Público; Ley N°004 de Lucha contra la Corrupción; Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas; Ley N°974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Perú:
Existen diversas normas para combatir la corrupción en todos los sectores. Si bien han existido normas denominadas anticorrupción desde hace muchos años, como por ejemplo las sanciones existentes en el Código Penal, en el caso del Perú se genera un refuerzo de esta normativa a partir del año 2016 en el que se emite la Ley N°30424, que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas.
México:
En México existe una ley específica que combate la corrupción. Se regula la materia Anticorrupción mediante el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual se encuentra sustento, entre otras legislaciones, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el Código Penal Federal y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
